JusticiaTerapéutica

En los últimos años, los colombianos nos hemos vuelto cada día más incrédulos con relación a la justicia. El Gobierno Nacional de turno y el Legislativo hacen toda una suerte de gestiones como reformas a la ley penal y a la de procedimiento penal para tratar de mitigar un problema al que no se le ven luces a corto ni a largo plazo. El aumento de los delitos en las calles, la organización de bandas criminales, la participación muy activa de los jóvenes en la cometida de estos, el hacinamiento en las cárceles del país y la corrupción nos hacen pensar que el gobierno está perdiendo la batalla. Podemos afirmar que, a pesar de que para muchos los problemas de la justicia no se solucionan con reformar los códigos por reformarlos, sí hemos adquirido una actitud negativa hacia los jóvenes que ya no los vemos como el futuro. Pareciera que el gobierno no se diera cuenta que los jóvenes sin trabajo, ni oportunidades están engrosando las bandas delincuenciales. Además se hace el de la oreja mocha al ignorar que el problema casi siempre va relacionado con drogadicción. Entonces, los jóvenes luego pasan a engrosar las cárceles en el país. Por otro lado en Colombia una detención preventiva puede terminar en un carcelazo de hasta de 5 años, esto nos da el estigma a nivel internacional de país carcelero, que hace leyes basado en que un carcelazo no se le niega a nadie. Es decir, hace un proyecto de ley por cada escándalo que se presente. Por esta razón en el país un carcelazo es sinónimo de justicia. Mientras tanto, solo quienes llevan años encerrados en una cárcel esperando muchas veces un juicio justo se dan cuenta que allá no se llega a resocializarse. De hecho, si no ponen de su parte salen peor que como entraron, puede entrar un inocente y salir un delincuente Por lo anterior con la ley 1760 de 2015 que modifica el código procesal penal, que a su vez entró en vigencia el mes julio de 2016 -propuesta del ministerio de justicia y de la fiscalía General de la Nación-, Se pretendía solucionar los problemas de hacinamiento, que no se sigan encarcelando inocentes o al menos se les prive de su libertad cuando hayan sido vencidos en juicio. Con ella se pretendía que salieran de la cárcel colombianos que solo estaban sindicados por delitos menores como hurtos, injuria, calumnia, inasistencia alimentaria y que aún no han sido condenados. Del mismo modo con la ley 1826 de 2017 el congreso de la república da un paso gigante en relación primero, a descongestionar el sistema judicial disminuyendo el número de audiencias y segundo, 69 comportamientos que hoy son delito pasaron a ser contravenciones, esto tendría efecto en el principio de favorabilidad por lo tanto muchas personas que están privadas de la libertad saldrán inmediatamente, entre ellos los jóvenes aun sin resocializarse con el agravante que es muy factible que vuelvan a delinquir. Pero paradójicamente hoy muchos sectores y autoridades están solicitando reformar el Código de Infancia y Adolescencia, así como el Sistema de Responsabilidad Penal, esto quiere decir endurecer las penas y sacar a los jóvenes de su sistema especial. Los mayores de 15 años que cometan delitos gravísimos sean juzgados y condenados como adultos. Es más fácil llevar nuestros muchachos a las cárceles que empezar a tener políticas serias de apoyo como llevarlos a programas de justicia terapéutica. Varios países han evolucionado en relación con la resocialización de sus condenados, han optado por varias formas para tratar de cumplir con este principio del derecho penitenciario. Ha llamado mucho la atención el surgimiento de la justicia terapéutica. Es un modelo de intervención judicial con enfoque humanista que con ayuda de los diferentes entes del Estado atiende los problemas relacionados con los jóvenes drogadictos que cometen hechos delictivos. En salas de justicia especializada tratan de sacar a estos jóvenes de la droga. El juez identifica alternativas de rehabilitación individualizadas para cada uno de ellos. En este tipo de justicia se involucra a la familia que pasa a ser parte del proceso terapéutico ya que se trata en lo posible que el joven drogadicto y delincuente no recaiga en ninguna de las dos. Enviar a los jóvenes delincuentes-drogadictos a la cárcel es un pasaporte seguro a que los violen, además volverían a delinquir y a consumir drogas ilícitas. De manera que mientras no adoptemos la justicia terapéutica para tratarlos estaremos dando vueltas en un círculo vicioso. El artículo 49 de la Constitución dice: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud… Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.” Este artículo le da las herramientas al Congreso para la entrada de la justicia terapéutica al ordenamiento jurídico colombiano. El Congreso que le ha dedicado tiempo a tratar de descongestionar las cárceles y a suavizar las penas en los delitos menores debería legislar sobre esta para empezar a dar a los jóvenes trato diferente y recuperarlos para la sociedad y la familia. No vulnera la condición de condenado el hecho de que en determinadas sentencias el juez basado en material probatorio que provenga de médicos especialistas, no envíe al sujeto a la cárcel. Lo haga a centros especializados de rehabilitación. En especial a los jóvenes. Pero aunque algunos abogados lo solicitan a los jueces estos no se atreven por la falta de una seria regulación por parte del Congreso. Para concluir debemos empezar por entender que la solución al problema carcelario en Colombia no es de reformas sin sentido ni la construcción de más cárceles, es empezar a pensar como una democracia sólida garante de la libertad, de la presunción de inocencia y aplicar el principio del derecho penal: la rehabilitación. La ley penal en Colombia produce sufrimiento al ser humano en su aplicación. Y su principal objetivo, la resocialización no se cumple.