Rodear, confiar y creer en nuestros jueces

Para la mayoría de los colombianos hoy el sistema penal acusatorio colapsó, y a renglón seguido le chantamos toda la culpa a los jueces penales de la república. Si se trata de buscar culpables podríamos decir que se debe a como se armó el sistema. Colapsa debido a que estaba diseñado para que el 90% fueran allanamientos y preacuerdos, o sea, sentencias anticipadas. Y, el 10% fueran juicios. Hoy es totalmente lo contrario con el agravante que se llenaron las cárceles del país. Por la Constitución política de 1991, el juez de garantías es el funcionario que decide las medidas de aseguramiento. El fiscal debe hacer la petición pero además allegar los elementos materiales probatorios. Cuando no lo hace o no son suficientes o no convincentes, tendrá una decisión adversa. Si el juez mantiene a una persona privada de la libertad por fuera de los requisitos legales que establece la norma para poder dictar una medida contra ella -digamos que por presión de la ciudadanía, de la fiscalía o porque lo piden los medios de comunicación- existe la posibilidad de una acción constitucional especial de protección: Abbas corpus, que se instaura ante juez superior que va a revisar el expediente para detectar irregularidades y si las encuentra ordenará la libertad e investigación al juez que lo mantenía detenido. Lo mismo sucede con que cada tipo penal trae una pena que va de menor a mayor, si la persona no tiene antecedentes y la fiscalía no le imputa circunstancias de mayor punibilidad, el juez no podrá salirse de la pena mínima porque le violaría el debido proceso o el derecho de defensa. Es acá donde no logramos entender y entonces salimos a hablar mal de los jueces, olvidándonos que el legislador es quien coloca las penas a los tipos penales. A pesar del esfuerzo del Legislativo y de los jueces porque prime la libertad, en Colombia una detención preventiva puede terminar en un carcelazo de hasta de cinco años, esto nos da el estigma a nivel internacional de país carcelero, que hace leyes basado en que un carcelazo no se le niega a nadie. Es decir, hace un proyecto de ley por cada escándalo que se presente. Por esta razón en el país un carcelazo es sinónimo de justicia. Mientras tanto, solo quienes llevan años encerrados en una cárcel esperando muchas veces un juicio justo se dan cuenta que allá no se llega a resocializarse. De hecho, si no ponen de su parte salen peor que como entraron. Puede entrar un inocente y salir un delincuente. A raíz de esto, debemos empezar por entender que la solución al problema carcelario en Colombia no es de reformas sin sentido ni la construcción de más cárceles. Podríamos empezar a pensar como una democracia sólida garante de la libertad, de la presunción de inocencia y, además aplicar uno de los principios del derecho penal: la rehabilitación. La ley penal en Colombia produce sufrimiento al ser humano en su aplicación. Y su principal objetivo, la resocialización no se cumple. Y por último, la investigación sigue siendo muy frágil, muy débil. Pero además, no logro entender que la fiscalía sea el ente que investigue a los jueces. Entonces, se está presionando o amenazando constantemente con abrirles investigación cuando la decisión les es adversa. Los jueces siempre están al margen que se les investigue penal o disciplinariamente. No olvidemos que no es la fiscalía general de la nación la que decide las medidas de aseguramiento, la libertad o los subrogados penales, son los jueces.

Los Contratos millonarios en la fiscalía

A medida que el señor Fiscal General de la Nación va soltando declaraciones son muchas las preocupaciones que me van embargado, sobre todo cuando dice que los acuerdos de la Habana no necesitan refrendación, que no es necesario, ahí, me invade la duda.
Además cuando desconoce la labor de informar de los medios y se enfrasca en una pelea con periodistas porque informan, denuncian y cuestionan millonarios contratos de la fiscalía. Ahora bien, no puede desconocer la Fiscalía la labor del periodismo de investigación, como se sabe por su labor nos hemos enterado los colombianos de casos aberrantes de corrupción que hubieran pasado de agache, además por el periodismo la fiscalía a tenido que iniciar investigaciones, acusar y enviar a prisión a muchos corruptos, por lo tanto no podemos permitir que el señor Fiscal General trate con descalificaciones y tono agresivo al periodismo de  investigación de Colombia, es nuestro último bastión y escudo para que después de este proceso de paz no quedemos muy parecidos a Venezuela.
Como ocurre muchas veces sus ataques al Uribismo, al Dr Uribe, que por el solo hecho de no apoyar el proceso de paz, lo que hace es darle fuerza a este partido político que no se puede desconocer tiene muchos adeptos entre los Colombianos, además la última perla de decir que va a investigar al M-19 por la toma del palacio de justicia, tema que fue cerrado después de un proceso de paz y que originó cambio de nuestra constitución, entonces no creo que tenga el poder de revocar decisiones en lo relacionado con este asunto.
Ahora bien, en relación con los millonarios contratos, parece que le gustan mucho al señor fiscal General, cuando salió de Saludcoop dejó un sinsabor que nunca quiso explicar, a si mismo lo de los contratos a dedo con la Dra Springer deja muy mal parada a la fiscalía general de la Nación.
Dicho todo esto, sin embargo, la ley le da facultades al Fiscal General de la Nación para que ayude a conseguir la paz, pero no le permite o dice que debe luchar por impunidad, perdón y olvido para las farc, sobre todo debe es buscar la forma de acusar y que paguen sus delitos.
Vale la pena recordar que acusó y mantuvo en prisión al Dr Sigifredo López por un video donde se veía una nariz muy "parecida" luego de varios meses le tocó salir a pedir perdón.
Como se sabe y lo vimos a comienzo de su periodo en debates televisivos enfrascado en varias peleas con el Procurador General de la Nación, espectáculo que dejó muy mal parada la nación a nivel internacional, además se ha visto enfrascado en peleas hasta con el Congreso por asuntos de la reforma a la ley penal militar, si el Congreso legisla, aprueba una ley o la reforma, el señor Fiscal General solo tiene que acatar.
Me crea otro manto de duda cuando  hace una dura defensa de proyecto de ley donde se ofrece rebaja de pena para personas acusadas de abusar sexualmente a niños, niñas y adolescentes, si colaboran con la justicia; entonces cada que opina y se dirige a la opinión pública crea mucha preocupación y desconcierto, así  mismo es muy preocupante que igual que la farc el señor Fiscal General de la Nación apoye el cierre del proceso de paz con una asamblea nacional constituyente.
Los colombianos debemos estar muy atentos a sus declaraciones, pedirle calma, no es atizando el fuego y acusando periodistas como lo vamos a escuchar mejor.
Ahora bien, podemos señalar en dos aspectos; uno, le este ayudando a la farc para que no paguen cárcel por sus delitos de lesa humanidad, dos, quiera ayudarles a conseguir su objetivo de la asamblea nacional constituyente, que todo su actuar y ayuda sea por el bien de Colombia para conseguir la paz.
Dos grandes de Colombia como son el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación deberían ser electos por voto popular, además para un solo período, así mismo que no sean reelegidos. Y por su investidura luego de dejar el cargo no puedan litigar ni ocupar ningún cargo público por 2 años y le quitaríamos clientelismo a la Corte Suprema, al Consejo de Estado, al Congreso y al mismo Presidente de la República, evitaríamos todo lo que nos ha pasado con el Procurador General y Fiscal General.

Posdata: Preocupante que el caso Colmenares se haya estancado de esa forma, no avanza.