Colombia: Presunción de inocencia

La presunción de inocencia en Colombia reza: "Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal"
Pero paradójicamente en Colombia una detención preventiva puede terminar en un carcelazo de hasta de 5 años. Esto debido a que no pasa mucho tiempo sin que se estén discutiendo leyes penales. Ante esta circunstancia, la dinámica del Congreso en esta materia hace que nos sobren artículos en esta ley. A consecuencia, esto nos da el estigma a nivel internacional de "país carcelero", que hace leyes basado en que un carcelazo no se le niega a nadie. Es decir, hace un proyecto de ley por cada escándalo que se presente. Por esta razón en Colombia un carcelazo es sinónimo de justicia.
Mientras tanto, solo quienes llevan años encerrados en una cárcel esperando muchas veces un juicio justo se dan cuenta que allá no se llega  a resocializarse. De hecho, si no ponen de su parte salen peor que como entraron, mejor dicho, puede entrar un inocente y salir un delincuente.
Con la ley 1760 de 2015 que  modifica el código procesal penal, que a su vez entrará en vigencia el próximo mes de julio de 2016 -propuesta del ministerio de justicia y de la fiscalía General de la Nación-, Se pretende  solucionar los problemas de hacinamiento, no se sigan encarcelando inocentes o al menos se les prive de su libertad cuando hayan sido vencidos en juicio. Con ella se  pretende que salgan de la cárcel colombianos que solo están sindicados por delitos menores como hurtos, injuria, calumnia, inasistencia alimentaria y que aún no han sido condenados. A su vez, entender que la solución al problema carcelario en Colombia no es la construcción de más cárceles, es empezar a pensar como una democracia sólida garante de la libertad y de la presunción de inocencia.
Surge acá la primera pregunta:  ¿Deberíamos empezar a pensar en abolir el sistema penal? No olvidemos que esta ley produce sufrimiento al ser humano en su aplicación. Y su principal objetivo, la resocialización no se cumple.
Aunque parezca increíble, los  próximos 6 y 7 de julio, 10.811 colombianos saldrían de las cárceles. En ese sentido, todo apunta es para solucionar el hacinamiento. Sin embargo también busca cumplir mandatos internacionales firmados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
En realidad la aplicación de esta ley tiene 3 motivos fundamentales: el primero, está relacionado con el costo para el Estado por estas detenciones arbitrarias que suman 25 billones de pesos, entonces sería evitar tener que pagarlos. El segundo, tiene que ver con el hacinamiento de las cárceles y el tercero, mostrar la nueva cara de Colombia ante el mundo como país que empieza a ser garante de la libertad. Además con esto se  termina de una vez por todas con la creencia que todos los problemas judiciales se solucionan con cárcel, que muchas veces esta es para el ciudadano de a pie o del común.
Surge acá la segunda pregunta:  ¿Como evitar que delincuentes de cuello blanco que desangran el país se salgan con la suya y la justicia les de casa por cárcel amparados en esta nueva ley?
Según datos del ministerio de justicia, en este momento hay en Colombia 78 mil condenados, sindicados hay 44 mil, de estos,14 mil clasifican para que los cobije la ley 1760 de 2015, por lo tanto pueden salir de la cárcel.
Para concluir, dos apreciaciones: la primera, se busca en Colombia como país garante de Derechos Humanos, fortalecer y aplicar la presunción de inocencia y la segunda, se debe de manera urgente buscar oportunidades laborales a los 10.811 compatriotas que recuperan la libertad, para que no salgan a engrosar las bandas criminales.  Y poder decirles:
¡Bienvenidos a la libertad!