La historia de la Justicia Penal Militar en el mundo tiene sus antecedentes en el derecho romano con las normas que regían a las legiones.
En Colombia, además de lo anterior, también tiene como fuente histórica directa al derecho penal castrense español que da vigencia del fuero militar en los ejércitos de España y ultramar señalando que los delitos de los militares serían conocidos por los tribunales castrenses.
Vale la pena recordar que en la Constitución Política del Estado Libre e Independiente de Cundinamarca de 1811 se adoptó la jurisprudencia penal militar española: "El fuero militar se conservará”.
Sin embargo, al producirse la independencia de las colonias de España en América, la Justicia Penal Militar comenzó a surgir bajo el mandato del General Francisco de Paula Santander.
Hoy, el artículo 221 de la actual Constitución de los colombianos reza que “De las conductas punibles cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar...”. Esto hace referencia y define el fuero militar.
Por otra parte, no sobra sin embargo decir que la justicia penal militar no pertenece a la rama judicial y aunque administra justicia pertenece al Poder Ejecutivo y depende del Ministerio de la defensa.
Aunque después de los escándalos que producen las noticias que nos llegan por los medios de comunicación en el mundo –The New York Times- o en Colombia -Revista Semana- vemos a la Procuraduría colombiana abriendo investigaciones contra generales del Ejército por supuestos actos de corrupción o a la Fiscalía General de la Nación investigando las denuncias presentadas sobre supuestas presiones irregulares al interior del ejército colombiano, estas por lo general no llegan a nada.
En el diario el Colombiano de la ciudad de Medellín en publicación hecha el domingo 3 de mayo se lee que los escándalos sobre escuchas ilegales han tocado a la inteligencia militar sobre hace varios años. Además, dice que en 2014 el caso más sonado fue el de Andrómeda que les intervino los teléfonos a los negociadores de Cuba. Y, cómo si fuera poco, intimidaron a periodistas.
Pero en el fondo, la anterior publicación tiene que ver con la Fundación para la Libertad de Prensa que dice en un reciente informe que “al menos 30 periodistas en Colombia han sido objeto de perfilamiento por parte de ejército colombiano en una acción que traspasa los límites y trasgrede los fines de la acción de inteligencia y contrainteligencia. Estos seguimientos a periodistas por parte del ejército colombiano, primero es una extralimitación de funciones y segundo, atenta contra la democracia y el derecho a la deliberación pública”.
Es indispensable que sepan los integrantes de las fuerzas militares que para eso no los necesitamos, que los miles de millones de pesos del presupuesto que invertimos en ellos no son para que efectúen este tipo de trabajo macabro. Igual cómo queremos y necesitamos de unas fuerzas militares fortalecidas para el buen funcionamiento de la democracia, igualmente necesitamos de nuestros periodistas, columnistas y medios de comunicación. Considero que en vez de perfilarles solo deben cuidarlos para que hagan su trabajo.
Es síntesis, estas acciones que se pueden enmarcar como conducta punible, deberían ser juzgadas por la jurisdicción ordinaria: por la fiscalía y por los jueces penales de la república debido a que las acciones severas de la justicia penal militar se centran en llamar a calificar servicios o a simples despidos o traslados de los militares.
Para concluir, a los integrantes de las fuerzas militares de Colombia decirles que mientras están perfilando, persiguiendo y chuzando periodistas, los integrantes fundadores de las FARC, se mueren de viejos.
LUIS HERNÁN TABARES AGUDELO
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